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El camino hacia una producción verde

La economía y la administración de empresas empiezan a darles más lugar a conceptos como la economía verde, la ecoeficiencia y las buenas prácticas agrícolas. Faltan controles públicos, pero fundamentalmente políticas que generen cambios en las conductas.


 

Desde hace décadas, la sociedad exige a las empresas más respeto del medio ambiente y un uso responsable de los recursos. La economía y la administración empresaria tardaron en reaccionar, pero hace relativamente poco tiempo empezaron a dar algunas respuestas.
Conceptos como economía verde, ecoeficiencia y buenas prácticas agrícolas comenzaron a tener más recepción en la industria y la producción agropecuaria, dos blancos de los cuestionamientos ecologistas.
Recientemente, Inés Asís, economista e investigadora del Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), realizó una conferencia sobre economía verde, una corriente que empieza a cuestionar lo que hasta años atrás aparecía como la gran solución: los estándares ambientales.
“Toda nuestra legislación está basada en instrumentos que el mundo ha demostrado que son altamente ineficaces para solucionar los problemas ambientales, como es cumplir con presupuestos mínimos o estándares ambientales. La reforma constitucional de 1994 establece a estos ejes como fundamentales y sobre esto se escribe la Ley General del Ambiente en 2002 y 2003”, advierte.


La académica explica que estos instrumentos permitieron mejorar la calidad del agua o del suelo, pero no el ambiente. “En el mundo está demostrado que los instrumentos más eficientes para solucionar problemas ambientales son los que cambian la conducta: las medidas fiscales”, señala Asís.
Entre estos instrumentos figuran los impuestos y subsidios, por los cuales se castiga a los que generan contaminación y premiar a los que tienen un buen comportamiento ambiental. Se suman permisos negociables como los bonos de carbono, nacidos del Protocolo de Kioto (2002), que logran empresas al reducir emisiones de dióxido de carbono o conservan recursos naturales al límite de su existencia, para luego ser negociados en el mercado de capitales.
Esto avanzó en el resto del mundo e incluso en muchos países se lo aplica para reemplazar impuestos distorsivos como los que inciden en la actividad laboral. En Argentina, indica la investigadora, el único impuesto de este tipo que se usa es la tasa a los combustibles, que “penaliza” el uso de combustibles fósiles, pero que aquí sólo se lo implementa con un objetivo recaudatorio.
A estas medidas se incluyen políticas para “enverdecer” la producción, como préstamos a tasa subsidiada para comprar equipos que eliminan contaminantes; compras gubernamentales de alimentos orgánicos y programas para crear conciencia sobre tecnologías limpias.
A su vez, se suman las exigencias de los mercados internacionales. Francia, por ejemplo, está por implementar la obligación para los productos lácteos de la “ecoetiqueta”, que mide la huella de carbono (los gases de invernadero emitidos para fabricar ese producto), y que impedirá el ingreso de los artículos que no la tengan.


Se hace poco


Según un relevamiento hecho por Asís y su colega del IEF, Fernando Sonnet, hace una década sobre 50 industrias Pyme de alto poder contaminante (hidrocarburo, química, papel, etc.) de Córdoba Capital, Río Tercero, Río Cuarto, Villa María y San Francisco, estas no recibían ningún tipo de control de ninguna organización del Estado.
“Esto no ha cambiado demasiado en estos 10 años. La mecánica que se aplica es lo que sucede en estos días con la planta de Porta Hnos.; cuando el aire  empieza a tener un olor distinto, cuando la gente percibe en la calle que corre agua de un color diferente o es turbia, cuando hay alguna evidencia de que algo pasa, se generan los controles ambientales oficiales”, indica. Según Asís, “esta conducta es resultado de cómo está definida la Ley General del Ambiente y todas las leyes provinciales. Por eso, lo que propone la economía verde, más que controlar el cumplimiento de estándares ambientales o de prohibir determinadas actividades, es cambiar las conductas de las industrias”. Para resolver estos problemas, países como Chile implementan lo que ellos denominan Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica, que analiza el impacto ambiental no sólo de las empresas que van a instalarse sino también de las que están en actividad y la nueva Ley de Ambiente de Córdoba incorpora alternativas de este tipo.
“Hay un miedo latente en los gobernantes de que ante las exigencias ambientales, las empresas se vayan. En realidad, lo que las industrias necesitan son reglas claras que fijen una agenda pública y objetivos a largo plazo de qué se quiere para el ambiente y cómo se va a lograr. Estas cosas tienen que surgir del consenso, no de lo que se le ocurre a un gobernante de turno”, reflexiona.


ECO UIC


¿Qué es? Es un plan impulsado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) para que la industria mejore sus sistemas de gestión ambiental. Se articula con programas SEG UIC (seguridad) y PEG UIC (excelencia).
¿Cómo es? Tiene tres niveles: Bronce y Plata, que preparan para la certificación de los sistemas; y Oro, que alista para participar del Premio Nacional de la Calidad. Incluye capacitación y acompañamiento de asistencia técnica.
¿Cuántos participan? Participaron hasta ahora 121 empresas, 114 están activas y 67 ya fueron premiadas con la etapa Bronce de ECO UIC. Media decena ya certificó normas ISO 14001.


Monsanto, caso mundial


“El caso Monsanto en Malvinas Argentinas está recorriendo todo el mundo”, asegura Asís, luego de que recibiera muchas consultas de otros investigadores latinoamericanos y europeos sobre el tema durante su participación en el Segundo Congreso Internacional de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica en Puerto Rico, en marzo pasado.

 

Opinión


Inés Asís (Investigadora del IEF). “Más que controlar estándares ambientales o prohibir determinadas actividades, la Economía Verde propone cambiar las conductas de las industrias”

 

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