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La Minería: De actividad de daño a Industria de riesgo

El modelo imperante en Latinoamérica para los procesos industriales de extracción de recursos naturales predispone al conflicto entre el empresariado y la sociedad civil, donde los Estados, por no comprender la profundidad del problema, ceden a la posición maniquea de inclinar la balanza hacia uno de los sectores. Sin embargo, dejando de abordar la minería como una actividad que solo ocasiona daño para recrearla como una industria de riesgo a gestionar, se pueden promover planes de manejo del territorio donde la inteligencia adaptativa permita garantizar convivencias sustentables.


 

 Los bienes públicos naturales -entendidos como aquellos bienes preexistentes que necesariamente son de todos porque solo pueden disfrutarse si son compartidos (como el aire limpio o el agua potable)- son fuente de bienestar y dignidad para las personas y las comunidades que éstas conforman.

 

Al mismo tiempo, los bienes públicos institucionales -los que se generan a partir de la expresión de la voluntad de los ciudadanos organizados (como la seguridad, la educación, el acceso a justicia o la asistencia en salud)- no son viables sin un nivel de desarrollo que sostenga y asegure dichos bienes públicos.

 

Tanto un tipo de bienes públicos como el otro son indispensables para el bienestar. Sin embargo, la generación de riqueza que producen las actividades mineras, en muchos casos, atenta contra la supervivencia de los bienes públicos naturales y de las comunidades y los ecosistemas que los rodean. Es fácil, por lo tanto, diabolizar a las industrias extractivas (y a sus defensores) como un elemento disruptivo del balance ambiental, cuyo objetivo es el lucro sin importar las consecuencias. Desde esta hipótesis no puede haber otra solución que la confrontación directa.

 

Esto es exactamente lo que sucede en muchos casos. La mineración de metales en la cordillera andina limita el acceso a agua potable por parte de las comunidades adyacentes. La explotación de petróleo de la selva amazónica afecta la biodiversidad de las zonas donde se produce el desmonte para construir la infraestructura que permite la extracción. Como analizamos en el InContext 43, cuando las empresas mineras no toman en cuenta el impacto social y ambiental de sus acciones, el resultado suele ser un conflicto con alto costo social.

 

Pero no toda la industria extractiva actúa irresponsablemente. De la misma manera, no toda la acción ambientalista ayuda a crear mejores condiciones ambientales. Es por lo tanto necesario encontrar un modelo económico de extracción de recursos naturales que contemple el bienestar y la dignidad humana, que supere la limitada caricatura maniquea de “los buenos contra los malos”, y que genere nuevos ecosistemas donde todos los actores por igual se beneficien de la presencia y el actuar de los demás.

 

Pero para ello primero debemos revisar la lógica con la que se aborda la industria minera, dejando de pensarla como una fuente de daños irreversibles, para encararla como una fuente de riesgos gestionables técnica, social y políticamente.

 

La palabra construye mundos

 

El primer paso para re-entender el impacto de las industrias extractivas es comprender el alcance de las palabras que usamos para definir sus efectos. En este sentido, hay cuatro definiciones que debemos tener en mente:

  • El Conflicto se define como la coexistencia de aspiraciones, intereses y visiones del mundo que no pueden ser alcanzadas simultáneamente, o que -en la percepción de las partes implicadas- no se pueden satisfacer al mismo tiempo.

  • El Daño, en este contexto, es la pérdida más o menos irreparable del valor o la integridad de algo.

  • El Riesgo es un hecho o situación que puede disminuir o anular el estado de bienestar de un individuo o grupo de seres vivos.

  • La Vulnerabilidad es la mayor o menor exposición a recibir un daño.

     

El conflicto se constituye entonces cuando un segmento de la población percibe al sector empresarial de las industrias extractivas como la causa -con o sin la connivencia activa o pasiva del Estado, que otorga la licencia para operar a los empresarios- de un daño irreversible a un bien público natural esencial, vulnerando de esta manera su bienestar y dignidad.

Si bien la extracción de recursos consume un bien público natural -que de otra manera permanecería como parte del ambiente- esta acción debe generar contraprestaciones económicas, sociales y ambientales que equiparen el usufructo realizado. En el mismo sentido, el impacto de la actividad extractiva no necesariamente debe comprometer otras actividades económicas presentes o futuras, la integridad del ecosistema que lo rodea, o el bienestar de las comunidades adyacentes. Podemos percibir entonces al acto de extracción ya no como un daño hecho, sino como un riesgo que puede ser gestionado y cuyo impacto puede ser minimizado.

 

De la minería como daño a la minería como una industria de riesgo

 

La pregunta clave entonces es: ¿cuáles son los “bienestares” que puede poner en riesgo el desarrollo de la minería?

La minería y las demás industrias extractivas conllevan un gran potencial de desarrollo económico y de progreso para las áreas donde actúa, pero a la vez genera grandes peligros, como por ejemplo: conflictos, deterioro de la biodiversidad, inadecuado manejo de los recursos hídricos, o implementación inequitativa de modelos de transacción económicos y sociales que -en su conjunto- pueden vulnerar los derechos humanos y la dignidad humana.

Vista como una fuente de daño, la reacción típica ante la minería ha sido la de proteger la zona de impacto o incluso atacar a la amenaza.

InContext 44 - 1

En cambio, la hipótesis de la extracción de recursos naturales entendida como un riesgo permite diseñar sistemas de previsión, prevención, control y si es necesario sistemas de restauración y reconstrucción de los daños. Nos permite pensar en las industrias extractivas como una variable más en la (ya de por sí compleja) ecuación de la sostenibilidad económica, social y ambiental.

InContext 44 - 2

En este sentido plantear una ruta de análisis y de acciones que permitan cambiar la perspectiva y modificar el riesgo a través de una real incidencia, nos permite diseñar estrategias para:

  • Prever el riesgo con Conocimiento: un riesgo existe cuando se conoce. Hoy la minería es un hecho, pero la sociedad no recibe información adecuada y suficiente para que pueda ponderar los riesgos y así poder participar activamente en los proyectos mineros. A mayor conocimiento de un riesgo, es posible desarrollar sistemas de previsión (prever es distinto de prevenir) e implementar mecanismos transparentes de información. Por ejemplo: un catastro minero en línea para todas las comunidades.

  • Prevenir efectos del riesgo con Institucionalidad: a mayor capacidad de previsión de un riesgo, es posible desarrollar mayores condiciones institucionales y políticas para la prevención de sus posibles efectos: eso es la seguridad, siendo ésta entendida como la mayor o menor capacidad de prevenir un daño. La seguridad es un resultado de la fortaleza institucional de una sociedad.

  • Proteger y defender mediante desarrollos técnicos y tecnología: como de todas maneras el riesgo de daño puede ocurrir, a pesar de haberlo previsto y de haber desarrollado la institucionalidad necesaria para la gobernabilidad, la sociedad necesita desarrollar sistemas de protección y de defensa, para lo cual se requieren disposiciones técnicas y tecnológicas.

  • Recuperar, reconstruir, compensar y reparar con el conocimiento, institucionalidad, técnica y tecnología: como el daño en cualquier caso puede suceder, es necesario desarrollar herramientas para la recuperación, reconstrucción, compensación y reparación.

     

Como sostiene Brigitte Baptiste: “el enfoque de ordenar el territorio mediante líneas que definen zonas restrictivas a la intervención humana no corresponde ni siquiera a los aprendizajes milenarios derivados de los indígenas, ni a las prácticas productivas de la mayor parte de la población rural que ha tenido que aprender que las selvas ecuatoriales, los bosques secos, los ríos oscuros y sus raudales, las sabanas o los páramos, tienen sus “vocaciones ecológicas”, es decir, que requieren inteligencia adaptativa para ser habitados, y que según esta se desarrolle, será factible la convivencia humana con aquello que para la mayoría se llama “naturaleza”. De hecho, ningún territorio está en capacidad de retener sus valores ecosistémicos de no hacerse un manejo activo del mismo,  por lo cual todos los países tienen agencias de parques naturales”.

“Si todas las actividades humanas implican transformación del territorio, dependerá más de cómo ésta se lleve a cabo, para definir el espacio de convivencia, que es a la vez el de mutua conveniencia. Necesitamos mucha mayor creatividad en las formas que utilizamos para hacer de la conservación un resultado de la agricultura, la minería, la construcción de infraestructura o el desarrollo urbano: la gestión ambiental no es una actividad que deba o pueda ejercerse más “a la defensiva”, así ese fuera el principio de la historia. Necesitamos alianzas que muestren que el desarrollo es factible con rostro propio; esa es la condición de la sostenibilidad”.

 

La propuesta está en la mesa. El reto es construir voluntad política para que -entre todos los actores y sectores- se pueda abordar la complejidad de la minería desde una óptica distinta. Chile, por de pronto, ya ha comenzado a recorrer este camino generando colectivamente un borrador de política nacional de desarrollo minero (actualmente en estudio por parte del gobierno) cuyo propósito es potenciar esta industria a través de -entre otras cosas- el mejoramiento de las relaciones con las comunidades y la prevención de riesgos de impacto ambiental.

 

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